En el día de hoy se realizó en la sede del Ministerio de Transporte nacional la reunión pactada entre los empresarios del transporte público de colectivos nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (FATAP) y los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que finalizó en fracaso al no ponerse de acuerdo las partes. Como consecuencia de ello los representantes gremiales ratificaron la realización de un paro de los colectiveros en todo el interior del país por 48hs este miércoles y jueves que comienza a las 00:00 del día de mañana. Esta medida de fuerza ya había sido anunciada por la UTA la semana pasada, quedando ratificada al no llegar a un acuerdo.
El conflicto tiene su raíz en la negativa de la cámara empresarial en pagar el 35% de aumento salarial para este último tramo del año a los choferes del interior del país, monto que sí fue aprobado y acordado con los trabajadores del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se cerró la paritaria por un monto total anual del 85%. Desde el gremio aducen que esto conlleva una profunda desigualdad salarial entre choferes de colectivos porteños y bonaerenses y del resto del país por el otro. En ese sentido el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello manifestó que: “Cansa denunciarlo, hemos dicho que no somos trabajadores de segunda, CABA y AMBA tienen otra realidad. Ellos cobran en tiempo y forma, el problema es para nosotros e indudablemente parece que la voluntad política es no transformar esa realidad”.
Por su parte, las patronales agrupadas en FATAP plantearon su oposición a entregar el aumento del 35% con la excusa que las cuentas no les dan si no reciben un aumento de subsidios para el interior del país mediante el cual poder afrontar el pago del mismo, a pesar que en los últimos meses aumentó la cantidad de pasajeros transportados en relación a los años anteriores de plena pandemia del COVID y restricciones a la circulación. El tesorero de la FATAP, Roberto Albisu, planteó a la salida de la reunión que: “Los salarios de los trabajadores en el interior del país significan 108 millones de pesos, de los cuales Nación pone 38 millones y provincia 35 millones. ¿Quién asume la diferencia?".
La semana pasada al momento de lanzar el paro, desde la UTA habían manifestado que los trabajadores se encuentran en el medio de una disputa entre el gobierno nacional de Alberto Fernández y los gobiernos provinciales sobre quien se hace cargo del aumento salarial que le corresponde a los choferes del interior del país. En concordancia con esto, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández señaló en el día de hoy que: “Entendemos que hay una sola solución, que se junten los gobernadores con el gobierno nacional, ¿si arreglaron en el AMBA, por qué no lo pueden arreglar en el interior?".
La disputa entre el gobierno nacional y las provincias estriba en quien se debe hacer cargo del pago de este último aumento de sueldo a los choferes. El gobierno nacional tiene un compromiso firmado por 38.000 millones de pesos en subsidios para todo el 2022, monto que cubre hasta el mes de octubre pero que queda muy lejos de los 46.000 millones de pesos que se había acordado en el Congreso para el Presupuesto de este año y que finalmente no se aprobó. Esta diferencia de 8.000 millones menos en subsidios que serviría para cubrir las necesidades de noviembre y de diciembre es el eje de la disputa entre Nación y provincias. Desde el ejecutivo nacional en pleno ajuste presupuestario en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sostienen que no hay fondos para girar nuevas partidas de subsidios y de parte de los representantes provinciales se plantea que no tienen posibilidad de hacerse cargo de este aumento. Aún más, desde hace tiempo los gobernadores vienen reclamando una readecuación de subsidios ante la diferencia notable en el reparto de subsidios entre el AMBA y el resto del país, que recibe mucho menos. Es por ello que los gobernadores solicitaron al jefe de Gabinete Juan Manzur un incremento de la masa de subsidios para el interior del país en el proyecto de Presupuesto 2023 enviado al Congreso.
Pero en contra de las expectativas de los mandatarios provinciales, desde el Ministerio de Economía encabezado por Sergio Massa está previsto un recorte de las partidas de subsidios para el 2023. En el proyecto de presupuesto que se giró al Parlamento figura un aumento del 50% en subsidios al transporte en relación a este año, pero la inflación prevista en el propio presupuesto es 60%. O sea que en los hechos desde el ministerio de Massa proponen un recorte, ya que hay 10 puntos menos de entrada sobre el cálculo oficial. Además, teniendo en cuenta que todas las estimaciones indican que ese 60% de inflación prevista para el año que viene es muy poco realista.
Ante esta difícil situación donde no se avizora un acuerdo inmediato dado que los empresarios buscan que el Estado les financie su negocio, el gobierno nacional no quiere (en sintonía con las demandas del FMI) girar más partidas presupuestarias a sostener el transporte público del interior del país y los gobiernos provinciales plantean que no tienen la posibilidad de hacerse cargo del aumento salarial a los choferes, desde el gremio de la UTA de Rosario ya alertaron que está prevista la posibilidad que se llegue a un paro por tiempo indeterminado.
En síntesis, este es un conflicto donde priman los intereses económicos y las disputas entre sectores afectando a una inmensa mayoría que son los choferes de colectivos, quienes no reciben aumento salarial y los usuarios del transporte público que se ven perjudicados en su cotidianidad. Empresarios del transporte que no pagan los sueldos sino que exigen que sea el Estado quien los financie, gobierno nacional más preocupado en recortar subsidios y achicar déficit fiscal que en el bienestar de la población y que mantiene una absoluta desigualdad de subsidios entre CABA y AMBA en desmedro del interior del país y gobiernos provinciales a quienes desde el ejecutivo nacional les plantean que el Fondo Compensador fue una asistencia en época de pandemia de COVID pero que ahora son ellos quienes deben hacerse cargo del transporte en el interior son los responsables de un conflicto de difícil resolución en el cual quedan de rehenes en el medio los trabajadores y usuarios del transporte público de colectivos.